Como medida preventiva del COVID-19, mediante el Decreto Ejecutivo No. 500 de 19 de marzo de 2020 se ordenó por 30 días el cierre de los establecimientos comerciales y de las empresas de persona natural o jurídica desde las 11:59 p.m. del marzo 20, 2020, salvo los que se dedican a las siguientes actividades:
1. Toda la cadena de producción, distribución, comercialización y venta de alimentos, medicamentos y productos de higiene, equipos de seguridad, materiales de construcción, insumos veterinarios y agrícolas, empresas de mantenimiento, operación y distribución de equipos médicos, fabricantes de empaques e insumos de todos los sectores antes listados, imprentas y lavanderías.
2. Todo lo relacionado con transporte marítimo, terrestre y aéreo, logística y el Canal de Panamá.
3. Todo lo relacionado a seguridad privada.
4. Abogados para le defensa de personas detenidas durante el periodo de toque de queda.
5. Restaurantes solo para entregar a domicilio u órdenes para llevar.
6. Todo lo relacionado con la banca, financieras, cooperativas, seguros y demás servicios financieros.
7. Empresas que brinden servicios públicos: comunicaciones y transportes; call centers; gasolineras y sus cadenas de suministro; luz y energía eléctrica y su transmisión; distribución y operación de energía; limpieza; aprovisionamiento y distribución de agua a la población; sanitarios; hospitales; clínicas privadas; clínicas veterinarias; funerarias; salas de cremación; cementerios.
8. Industria de la construcción incluyendo fabricación, distribución y despacho de concreto, cemento y sus derivados, canteras.
9. Industria agropecuaria incluyendo labores agrícolas y la industria agroalimentaria y sus centrales de distribución de alimentos y bebidas.
10. Equipos médico-hospitalarios, medicamentos, vacunas y cualesquiera otros artículos e insumos de salud pública, incluyendo su manufactura, distribución y mantenimiento.
También se ordenó el cerco sanitario de las instalaciones de la empresa minera Cobre Panamá.
Y se estableció que la contravención este decreto ejecutivo será sancionada con multas por hasta la suma de US$100,000.00, sin perjuicio de otras sanciones penales y/o civiles que correspondan.
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