Anteproyecto de Ley N.° 314: ¿Cómo pretende Panamá regular el ecosistema fintech y atraer inversión?

Entrevista a Alexandra Camile Guzmán

Publicado en Lexlatin (click para artículo original)

Panamá busca afianzar su papel en el mercado de pagos digitales en Centroamérica y el Caribe, a través de un marco normativo para empresas tecnológicas financieras. Con una economía dolarizada, una plataforma logística de clase mundial y un sistema financiero internacional consolidado, el país tiene los ingredientes para ser el epicentro tecnológico de la región. El desafío consiste en integrar la infraestructura digital, la ampliación de servicios financieros y los mecanismos de pago de alcance masivo. En el país, el ecosistema fintech ha crecido con rapidez. Según Misión Lunar, a septiembre de 2025 había 72 empresas activas, frente a 30 identificadas años atrás.

En ese contexto, el 13 de enero de 2026, se presentó el Anteproyecto de Ley N° 314, denominado “Ley Marco Integral de Tecnologías Financieras (Fintech) Panamá”, una propuesta que no es un simple ajuste administrativo, sino que, en su artículo 1, traza una ambiciosa hoja de ruta para convertir a Panamá en un centro regional de innovación financiera y atraer inversión extranjera directa y capital de riesgo. Con esta ley se busca modernizar el sistema nacional mediante la interoperabilidad de plataformas, incrementar la inclusión financiera de sectores no bancarizados y armonizar el marco legal con las recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Un dato importante a tener en cuenta es que la iniciativa 314 no es el primer intento del país centroamericano de regular la industria de tecnología financiera, pero sí el más robusto técnicamente. A diferencia de las propuestas de 2023 y 2024, que se centraban casi en criptoactivos, este marco es integral.

Se trata del primer intento de regulación integral del ecosistema fintech local a diferencia de las propuestas de 2023 y 2024, que se centraban más en criptoactivos. La nueva iniciativa contempla ordenar el mercado, precisar competencias de supervisión y establecer condiciones de entrada y permanencia para los operadores, con el fin de implementar una estrategia de posicionamiento regional frente a gigantes como México (Ley Fintech de 2018) y Chile (Ley 21.521 de 2023).

El fin de la zona gris: ¿Por qué esta reforma es clave?

El punto de partida es un vacío estructural. Como explica Alexandra Guzmán, asociada sénior de Chanis, las actividades fintech en Panamá no cuentan con una categoría jurídica propia dentro del ordenamiento financiero si se considera que las empresas operan bajo un mosaico de normas: mercado de valores, comercio electrónico y prevención de blanqueo de capitales, ninguna diseñada para modelos digitales como plataformas de pago electrónico, financiamiento colaborativo o servicios vinculados a activos virtuales.

“El principal vacío operativo radica en la ausencia de normas sobre licenciamiento, registro, supervisión especializada y alcance de responsabilidades para este tipo de entidades. Desde el punto de vista legal, tampoco existe una definición normativa uniforme sobre qué constituye una actividad fintech ni una delimitación expresa de las competencias de la autoridad supervisora frente a estos modelos”.

Ese vacío no ha impedido el crecimiento, por el contrario, ha permitido un desarrollo flexible. La apuesta, por tanto, no es restringir, sino institucionalizar. Guzmán agrega que, de ser aprobado, el proyecto introduciría categorías regulatorias para las actividades fintech y formalizaría su interacción con el sistema financiero tradicional, en línea con la tendencia internacional de regular el sector sin frenar la innovación.

Nuevo modelo de supervisión: ¿Está la SBP lista para el código digital?

El Anteproyecto de Ley N° 314 no solo propone un cambio de reglas, sino de filosofía al incorporar principios como proporcionalidad regulatoria, neutralidad tecnológica e innovación supervisada, que, para la abogada, definen el enfoque que debería adoptar la autoridad supervisora —la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)— frente al ecosistema fintech.

En términos operativos, explica que su aplicación implicaría una supervisión más orientada al análisis de riesgos, donde los requisitos prudenciales y de cumplimiento se ajusten al impacto real de cada modelo de negocio dentro del sistema financiero. Esto supone abandonar la traslación automática de esquemas bancarios tradicionales a dinámicas digitales.

En este nuevo esquema, la neutralidad tecnológica implica que la autoridad supervise la actividad según su finalidad económica y los riesgos que produce, sin tomar como referencia la tecnología empleada. La especialista de Chanis destaca que este criterio resulta especialmente relevante en entornos como blockchain o inteligencia artificial, donde la innovación evoluciona con rapidez.

La decisión de asignar la administración del régimen fintech a la SBP aporta, en teoría, la solidez institucional y la continuidad técnica necesarias, al ubicarse dentro de una autoridad con experiencia en supervisión, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros, lo que puede fortalecer la confianza del mercado al integrar formalmente al sector dentro del esquema financiero.

“El propio anteproyecto señala que se busca construir un marco normativo diferenciado de la banca tradicional y adaptado a la naturaleza innovadora de los modelos de negocio digitales”, resalta.

No obstante, advierte que el desafío será materializar la diferenciación prometida. El anteproyecto reconoce que las fintech no pueden ser reguladas bajo los mismos parámetros estructurales que las entidades bancarias tradicionales. Adaptar metodologías de supervisión a modelos digitales con estructuras más ágiles y ciclos de innovación cortos, exigirá capacidades especializadas en ciberseguridad, análisis de datos, arquitectura tecnológica y trazabilidad de activos digitales.

Respecto a la innovación supervisada, señala que será necesario contar con canales formales de coordinación entre el regulador y las empresas, además de entornos de prueba bajo control institucional que permitan desarrollar y evaluar nuevos modelos sin afectar la estabilidad del sistema financiero ni los derechos de los usuarios. Enfatiza que el objetivo es un modelo de supervisión que equilibre innovación y estabilidad, evitando trasladar automáticamente esquemas regulatorios tradicionales al entorno digital.

Además, se refiere a la necesidad de una articulación interinstitucional con las autoridades de mercado de valores, seguros, protección de datos y defensa del consumidor, pues dada la naturaleza transversal de muchas actividades fintech, la falta de coordinación podría fragmentar el entorno regulatorio, generando duplicidades de trámites o vacíos de supervisión que restarían competitividad a Panamá como hub regional.

Sandbox regulatorio

El sandbox regulatorio propuesto en el anteproyecto es un espacio controlado de pruebas que permite a las fintech desarrollar modelos de negocio innovadores de productos y servicios financieros digitales (pagos, remesas, custodia) sin el rigor total de las regulaciones actuales, con lo que se reduce la incertidumbre jurídica que enfrentan los nuevos modelos financieros.

Guzmán destaca que esta herramienta facilita la experimentación y la validación de soluciones digitales antes de su despliegue completo y proporciona información útil al regulador para ajustar criterios de supervisión y políticas. Entre sus beneficios, menciona la evaluación temprana de riesgos, retroalimentación directa y mejor comprensión del desempeño de nuevos modelos, además de que promueve un espacio de interacción entre fintechs y supervisores, contribuyendo a que las decisiones regulatorias se basen en evidencia práctica del mercado.

Para su éxito, serán necesarios criterios claros de selección, supervisión técnica continua y protección de usuarios participantes.

“La combinación de estos elementos permitirá que el instrumento cumpla su propósito de fomentar la innovación sin comprometer la seguridad e integridad del sistema financiero”.

El sandbox es un instrumento utilizado en otras jurisdicciones. Para la experta, su adopción busca alinear a Panamá con prácticas internacionales, lo que refuerza el objetivo de posicionamiento regional.

GAFI, OCDE y la reputación país

Para Panamá, la regulación fintech no es solo innovación, es un tema de supervivencia en el sistema financiero global. El Anteproyecto de Ley 314 busca alinearse con estándares del GAFI y de la OCDE para evitar que el crecimiento de los activos virtuales sea visto como un nuevo riesgo de lavado de dinero. Para un país que aspira a posicionarse como hub tecnológico y financiero, la credibilidad regulatoria es un activo esencial.

La asociada sénior de Chanis indica que la adopción de marcos robustos en materia de prevención de blanqueo de capitales, transparencia y gobernanza corporativa no solo atiende compromisos internacionales, sino que incide directamente en la percepción del riesgo país.

Uno de los principales desafíos radica en la capacidad institucional para implementar y supervisar efectivamente estos estándares. No basta con incorporar obligaciones formales, afirma la experta, se requiere de infraestructura técnica, personal especializado y mecanismos de supervisión proporcionales a la complejidad de los modelos digitales.

“Las actividades fintech, los activos digitales y los esquemas de finanzas abiertas plantean riesgos distintos a los del sistema financiero tradicional, lo que exige metodologías de supervisión adaptadas a entornos tecnológicos”.

Otro reto clave será evitar que las exigencias de cumplimiento se conviertan en barreras desproporcionadas para nuevos emprendimientos tecnológicos. Añade que la competitividad regional dependerá de un marco claro y exigente, pero también predecible y operativo, ya que un exceso de rigidez o incertidumbre podría desalentar la inversión y limitar el crecimiento del ecosistema digital.

Nuevas fronteras: Criptoactivos y open banking

La inclusión de criptoactivos, stablecoins, NFT e inteligencia artificial amplía el alcance supervisor. Panamá busca dar certeza a los custodios de activos digitales. Sin embargo, Guzmán señala que no todos los NFT constituyen valores financieros; algunos representan arte digital u otros bienes sin función financiera. Por tanto, su regulación no debe encasillarlos automáticamente como instrumentos financieros.

Para la abogada, será necesario definir naturaleza jurídica, obligaciones de custodia, responsabilidad y tributación solo para modelos que manejan activos digitales de terceros, además de adecuar requisitos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a entornos descentralizados y tecnológicos.

En términos técnicos, la supervisión requerirá capacidades en trazabilidad blockchain, auditoría de algoritmos de inteligencia artificial, seguridad cibernética y análisis de riesgos tecnológicos. De allí que la supervisión de estos modelos demandará un enfoque basado en principios tecnológicos auditables y en la evaluación de riesgos, más que en categorías rígidas, de modo que la regulación sea relevante, diferenciada y proporcional según la naturaleza de cada activo y modelo de negocio.

“Estos activos y herramientas presentan ciclos de innovación rápidos, por lo que el regulador deberá contar con mecanismos flexibles que le permitan mantenerse actualizado y reaccionar ante riesgos emergentes sin comprometer la estabilidad del sistema”.

El modelo open banking y las finanzas abiertas en Panamá permite que los usuarios autoricen el acceso a sus datos financieros pueda compartirse con terceros a través de API seguras. Esto modifica la lógica tradicional de exclusividad bancaria y puede incentivar nuevos proveedores que construyan servicios sobre infraestructura existente, generando mayor diversidad en la oferta y mayor presión competitiva.

Para que el sistema funcione de manera efectiva, Guzman señala que las entidades financieras y los terceros autorizados deben utilizar estándares compatibles en materia de autenticación, formatos de datos y protocolos de conexión.

No obstante, advierte que la apertura de flujo de datos financieros podría ampliar riesgos tecnológicos y operativos y exigir controles de ciberseguridad, así como desafíos al alcance real del consentimiento del usuario y la trazabilidad de las operaciones realizadas por terceros.

“Cada actor que participe en el intercambio de datos debe cumplir con estándares regulatorios claros, incluyendo el consentimiento informado de los usuarios, la protección de datos personales y la rendición de cuentas frente a brechas de seguridad”.

En un entorno donde intervienen múltiples participantes, la asignación precisa de obligaciones y la supervisión efectiva se vuelven elementos determinantes para sostener la confianza en el sistema.

Transición, registro y licencias

La creación del Registro Nacional Fintech establece una migración obligatoria en 12 meses. Según Guzmán, este periodo es un desafío de supervivencia operativa: las empresas deberán auditar sus modelos de negocio, ajustar sus plataformas tecnológicas y evaluar si sus estructuras de capital soportan las nuevas exigencias. Esto implica costos operativos, ajustes tecnológicos e incluso cambios en modelos de negocio.

“Las empresas deberán evaluar si continúan operando en Panamá bajo este nuevo marco o si reconsideran su presencia en la jurisdicción”.

No obstante, también identifica beneficios al ecosistema fintech:

• Proporciona visibilidad institucional.
• Trazabilidad y mayor confianza en el mercado.
• Condiciones esenciales para atraer inversión
• Fomento de la cooperación internacional.
• Supervisión con efectividad, promoviendo seguridad y estabilidad.

Guzmán considera que la implementación del régimen debe permitir la articulación entre los actores financieros tradicionales y las nuevas empresas digitales, mientras que la transición debe facilitar la coexistencia entre ambos segmentos, respetando la naturaleza innovadora de los modelos tecnológicos y evitando que la regulación los someta a esquemas que no correspondan a su estructura operativa. El objetivo es integrar al sector dentro del marco institucional sin limitar su desarrollo.

Para que la transición funcione, el país deberá invertir en capacitación, plataformas tecnológicas y personal especializado. La abogada enfatiza que mantener la agilidad será clave para que la formalización no se convierta en obstáculo para las operaciones de las empresas.

“El objetivo final es garantizar un ecosistema financiero inclusivo, seguro y dinámico, donde la innovación de las fintech se potencie sin comprometer la estabilidad ni la eficiencia de los servicios financieros establecidos”.

En cuanto a licencias, se incluiye una la Licencia Fintech Simplificada, que, en comparación con las licencias ordinarias, facilita el acceso al mercado regulado y acelera la formalización de startups y emprendimientos digitales al ofrecer requisitos más reducidos en materia de capital mínimo y cargas administrativas, así como límites operativos anuales establecidos por la Superintendencia de Bancos. Con una vigencia inicial de tres años, prorrogables, permite que las empresas puedan migrar a una licencia ordinaria una vez superados estos límites.  También otorga acceso preferente al Fondo Nacional de Innovación Financiera propuesto, lo que puede apoyar el desarrollo de nuevos productos, además de facilitar el crecimiento dentro del marco regulador.

“Esto contribuye a la diversificación y dinamismo del mercado, fomentando la innovación y la inclusión de nuevos actores en un marco regulatorio claro y adaptado a su tamaño y nivel de riesgo”, añade.

Prioridades para el 2026

Con el periodo de adecuación de 12 meses en marcha, las empresas que ya operan en Panamá deben actuar de inmediato. El régimen sancionatorio contempla multas de hasta balboas 2 millones (equivalente a dos millones de dólares). Como advierte Guzmán, la introducción de un régimen sancionatorio de esta magnitud cambia sustancialmente el nivel de exposición regulatoria para las fintech que ya operan en el mercado.

Más allá del monto de la sanción, explica la vocera, el verdadero impacto está en el riesgo reputacional y en las posibles restricciones operativas derivadas de incumplimientos, lo que llevará a las empresas a ajustar sus estructuras y fortalecer sus sistemas de cumplimiento:

• Evaluar el impacto del régimen sancionatorio. La introducción de multas de hasta B/. 2 millones eleva el nivel de exposición regulatoria. El impacto no se limita al monto de la sanción, incluye riesgo reputacional y posibles restricciones operativas derivadas de incumplimientos.
• Realizar un diagnóstico de brechas regulatorias. Las empresas que operan bajo esquemas flexibles deberán revisar si sus estructuras corporativas, políticas internas, controles tecnológicos y modelos de negocio se ajustan al nuevo marco. Esto implica evaluar procesos de debida diligencia, monitoreo de transacciones, gestión de riesgos tecnológicos y protección de datos.
• Fortalecer la gobernanza interna. El cumplimiento deja de ser una función administrativa y pasa a integrarse en la toma de decisiones estratégicas. Contar con un oficial de cumplimiento idóneo, manuales actualizados y procedimientos documentados reduce la exposición sancionatoria y ordena el crecimiento empresarial.
• Priorizar la gestión del riesgo tecnológico. Muchas fintech operan con infraestructuras tercerizadas. Es necesario evaluar la seguridad de proveedores tecnológicos, los controles de acceso a datos y los planes de respuesta ante incidentes. La supervisión en entornos digitales se centra cada vez más en resiliencia operativa y trazabilidad.
• Integrar el cumplimiento en el modelo de negocio. El cumplimiento deja de ser accesorio. Las empresas que adopten estándares sólidos estarán mejor posicionadas para operar con estabilidad, atraer inversión y mantener relaciones con entidades financieras tradicionales.

¿Puede la reforma convertir a Panamá en un hub regional de innovación financiera?

Guzmán concluye que la aprobación de un marco normativo por sí sola no garantiza un aumento inmediato en la inversión. Para que la reforma impulse el desarrollo del ecosistema tecnológico en Panamá, deberán converger condiciones institucionales y de mercado que generen confianza, previsibilidad y viabilidad operativa:

• Claridad regulatoria y seguridad jurídica: Los inversionistas priorizan jurisdicciones con normas claras, estables y aplicadas de manera consistente. La emisión oportuna de reglamentaciones secundarias, criterios interpretativos definidos y procesos administrativos ágiles influirá directamente en la percepción de seguridad jurídica.
• Capacidad técnica del supervisor: La autoridad encargada del régimen deberá contar con competencias para comprender modelos de negocio digitales en evolución.
• Coordinación interinstitucional: Cuando intervienen múltiples autoridades, la falta de alineación puede generar duplicidades o fricciones. Un entorno en el que las instituciones actúan de manera coherente y complementaria reduce costos de cumplimiento y facilita la planificación empresarial.

Desde el mercado, agrega Guzmán, influirán la disponibilidad de talento especializado, proveedores tecnológicos, servicios legales y contables con experiencia en innovación digital, así como acceso a financiamiento.

La integración regional también jugará un papel relevante: la compatibilidad regulatoria con otros mercados puede convertir a Panamá en plataforma de expansión.

“Si estos factores logran articularse de manera coherente, Panamá podrá pasar de un ecosistema de experimentación informal a un hub fintech regional sólido, confiable y competitivo”.